Manual sobre el Derecho al Olvido (parte 2)

Empecemos con el primero de los supuestos, la publicación de datos en Boletines electrónicos (ver primer post de este “serial”), con un poco de historia sobre el BOE, que tuvo su origen en la llamada “La Relación o Gaceta de algunos casos particulares, así políticos como militares, sucedidos en la mayora parte del mundo” en 1660, pasando posteriormente a llamarse “La Gaceta”.

 En 1836, se establece que los decretos, órdenes e instrucciones que dicte el Gobierno se considerarán de obligación desde el momento en que sean publicados en la Gaceta. De este modo, la Gaceta pasaba a convertirse en un órgano de expresión legislativa y reglamentaria, característica que conservará hasta la actualidad.

Por lo que se refiere a la denominación, la Gaceta adopta con carácter definitivo el nombre de Gaceta de Madrid en 1697, aunque ya desde 1677 se la conocía como tal. Será en 1936 cuando esta cabecera se sustituya en la zona sublevada por Boletín Oficial del Estado, nombre que ha perdurado hasta nuestros días (fuente wikipedia).

La dirección del actual BOE www.boe.es, nos permite consultar La Gaceta desde 1661 a 1959

Así y a modo de ejemplo, nos podemos encontrar la Gaceta de 30 de diciembre de 1679 relativa al fallecimiento del Sr. Juan Friderico, Duque de Hanover, quien paso de la Secta de Calvino a la Santa Fe Católica.

Dejando de lado la “curiosidad histórica” debemos intentar responder a las siguientes cuestiones:

¿Cuántos boletines existen?

Decir un número exacto es complicado, ya que habría que realizar una labor de búsqueda de todos ellos. Pero seguramente su número esté en torno a 100. A saber:

–          El BOE.

–          Boletines autonómicos.

–          Boletines provinciales.

–          Boletines de ayuntamientos, por ejemplo el de Madrid.

Podemos añadir también los Boletines de las Cortes Generales y Asambleas Legislativas, el Boletín Oficial del Registro Mercantil, y alguno que otro que seguramente me dejo.

¿Qué se publica en los boletines?

De manera resumida (ya que no están todos los supuestos), podemos decir que lo que se publica es lo siguiente:

–          Disposiciones generales (leyes y disposiciones de carácter reglamentario).

–          Autoridades y personal (nombramientos, ceses, convocatoria de oposiciones, concursos).

–          Otras disposiciones (no entran en el primer supuesto, normalmente son órdenes de Ministerios o Consejerías.

–          Anuncios (suelen ser de contrataciones públicas, también citaciones, notificaciones).

–          Juzgados y Tribunales.

¿Por qué se publica?

En cuanto a las normas, el artículo 9.3 de la Constitución Española establece que “La Constitución garantiza la publicidad de las normas”. También el artículo 91 del texto constitucional “El Rey sancionará en el plazo de quince días las Leyes aprobadas por las Cortes Generales, y las promulgará y ordenará su inmediata publicación.”

En cuanto a las disposiciones reglamentarias, el artículo 24.4 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno nos indica “La entrada en vigor de los reglamentos aprobados por el Gobierno requiere su íntegra publicación en el Boletín Oficial del Estado”.

En cuanto al resto de actos administrativos que son objeto de publicación, en ocasiones la publicación estará prevista en una Ley (oposiciones, subvenciones, contratos, indultos) y en otras, la publicación vendrá dada por la aplicación de la regulación de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, disposición legal que analizaremos en el siguiente post de esta serie (uno de los supuestos de publicación permite que la misma venga habilitada por una norma de rango reglamentario).

¿Qué relación existe desde la óptica de protección de datos personales?

Es unánime que la publicación consiste en un tratamiento de datos personales. De los principios que recoge la LOPD, va a tener una gran incidencia a la hora de realizar la publicación el principio de calidad, debiendo ser los datos publicados los estrictamente adecuados.

 Sin embargo, nos encontraremos situaciones en que mediante la publicación se puedan revelar datos de salud o incluso, sólo con el nombre del organismo que ordena la publicación de una notificación sancionadora se puede conocer la conducta del sujeto que es objeto de represión.

Pongamos dos ejemplos: sobre el primer supuesto, las personas que van por el turno de discapacidad en las oposiciones, ya que tienen una reserva de plazas por estar en tal condición. Sobre el segundo, una notificación sancionadora de una Agencia Antidroga de alguna Comunidad Autónoma.

También es objeto de discusión si el número del documento nacional de identidad debe ser publicado o no, o en su caso, íntegramente. A este respecto, sirva de ejemplo, la Recomendación 1/2008 sobre la difusión de la información que contenga datos de carácter personal a través de Internet de la Autoridad Catalana de Protección de Datos.

“Sin perjuicio de la posibilidad de utilizar números identificativos o códigos para ofrecer información en aquellos supuestos en que este sistema permita alcanzar la finalidad perseguida, se recomienda también limitar la publicación de números identificativos, como el número del documento nacional de identidad, el número de afiliación a la seguridad social u otros, de forma conjunta con la identificación completa de la persona a la cual se refieren, a aquellos supuestos en que la publicación de este dato concreto se desprenda de la normativa aplicable.”

 Asimismo, también se manifiesta el principio de calidad en su vertiente finalidad. Y es que, transcurrido el plazo para recurrir el correspondiente acto administrativo que haya sido objeto de publicación, la publicación pierde, en la mayoría de los casos, su sentido.

En otras palabras, si dejamos al margen que actualmente los Boletines son inalterables, la mayoría de actos y resoluciones administrativas publicados transcurrido el citado plazo, podrían ser perfectamente eliminados. De esta forma, se solucionarían algunos de los problemas actuales sobre el “derecho al olvido”.

Obviamente, no serían eliminados el apartado referente a disposiciones generales (leyes y reglamentos).

Piénsese en una persona que fue objeto de sanción administrativa y notificada en el año 2004 a través de un boletín electrónico. ¿Tiene algún valor que esa sanción todavía esté en el boletín y se pueda consultar?

Les dejo con otra curiosidad, lo que podríamos llamar el “primer caso sobre el derecho al olvido en España”, o por lo menos que yo conozca (seguro que hay alguno anterior):

“Protección de Datos abre una investigación sobre la “lista” de Bono de sentencias de maltratadores” (29 de mayo de 2002).

Continuará…

También disponible, Manual sobre el Derecho al Olvido (parte 1)

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1 Response to “Manual sobre el Derecho al Olvido (parte 2)”


  1. 1 Ad Edictum marzo 21, 2012 en 3:50 pm

    La publicación de una sanción en un boletín puede ser un “incentivo” para que algunos cumplan o para que paguen.

    Embargos, multas, resoluciones que no han podido ser notificadas etc… aparecen relacionados con el nombre del moroso en cuestión en Google. Antes, cuando la pubicación del boletín se limitaba al papel, no tenía importancia. Ahora, sí. Evitar el acceso a esa información sólo favorece al delincuente.

    Esto me recuerda a las imágenes del Rafita, saliendo del Juzgado o de la Comisaría de Policía hace unos días. Tanto él como su acompañante se tapaban la cara. En unos años, le veo ejerciendo el Derecho al Olvido.


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