Manual sobre el Derecho al Olvido (Parte 1)

Comienzo un serial sobre esta cuestión que está tan de actualidad, y que probablemente, junto con la reforma de la normativa de protección de datos de la Unión Europea, sea el tema estrella en la materia. Y también, dicho sea de paso, “estrella de dicha reforma”.

A través de una serie de posts trataré, en unas ocasiones, de dar respuestas y en otras, de lanzar preguntas “al vacío”, ya que no estamos ante un tema que tenga una fácil solución debido a los diversos elementos que forman parte de este problema.

Incluso, si uno se para a pensar detenidamente, nos vamos a encontrar la mayor parte de los principios o caracteres de la normativa de protección de datos: territorialidad (ley aplicable), derechos ARCO, relación responsable vs boletines (¿cesiones o encargado?), principio de calidad (¿es necesario publicar todos los datos o no?).

Añádase la incidencia de dos derechos fundamentales como son la libertad de información y la libertad de expresión, el principio de transparencia administrativa y la normativa de administración electrónica (¿pueden publicar datos las Administraciones en sus webs tal y como están haciendo la mayoría?).

En otras palabras, no todo se reducirá a normas e interpretaciones de las mismas, sino que también nos encontraremos con que “estamos haciendo lo mismo de siempre pero no nos hemos dado cuenta de que la situación ha cambiado” (la actividad en “papel” de toda la vida traspasada al “mundo digital”, incluyendo no sólo a los boletines sino también a los periódicos).

Desde mi punto de vista, a la hora de hablar sobre el “Derecho al olvido”, debemos preguntarnos lo siguiente:

  1. ¿Existe tal derecho en nuestro ordenamiento jurídico?

      2. ¿Debemos tratar los casos sobre los que “pivota” este “derecho” desde la uniformidad o por el contrario, ir caso a caso?

Sobre el primer punto, a día de hoy y que yo sepa, el “Derecho al olvido” tal cual se cita no aparece regulado por ninguna parte, en el sentido de “Todos tienen derecho al olvido” (o similar frase). A modo ilustrativo, si queremos, podemos leer el artículo 17 de la propuesta de Reglamento de la Unión Europea sobre protección de datos. Pero como su nombre indica, es una mera “propuesta”, o “proyecto” si utilizamos nuestra terminología jurídica.

Lo que tenemos, desde la óptica de protección de datos, son dos instrumentos a través de los cuales se buscará el borrado de datos o la no indexación: derecho de cancelación (parto del borrado dejando al margen lo del bloqueo) y derecho de oposición. Y ya adelanto, que desde hace un tiempo “barrunto” el posible borrado de datos de los boletines oficiales (obviamente, no es más que una mera opinión personal).

En cuanto a la segunda cuestión, la respuesta es negativa, ya que debemos distinguir cinco escenarios diferentes:

1.- Boletines Oficiales electrónicos.

2.- Webs de las Administraciones públicas.

3.- Periódicos y hemerotecas digitales.

4.- Blogs y páginas webs.

5.- Buscadores.

Continuará…

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2 Responses to “Manual sobre el Derecho al Olvido (Parte 1)”


  1. 1 rosa fernandez marzo 12, 2012 en 5:19 pm

    Estupendo artículo y excelente tema y muy bien traido. Respecto de lo que planteas sobre si nuestro ordenamiento jurídico contempla este “derecho al olvido” lo que más se acerca es la norma civil para los casos en que hay que “borrar” o eliminar todo rastro de alguien que una vez estuvo vivo y se registro por ello en el Registro Civil y ha fallecido. Una vez más, la vida va por delante de la normativa y de hecho estamos remendando trapo a trapo dicho ordenamiento jurídico, puesto que de facto no existe un Derecho tecnológico, salvo el que se aplica cogiendo de aquí y de allá, normas consuetudinarias, casuísticas asimilables y jurisprudencias que están sentando doctrina, pero escrito lo que se dice escrito y formalmente introducido en nuestro ordenamiento habrá que estar atentos a integrar leyes como la LOPD LSSI y otras transversales a ellas, de forma que vayamos haciendo un Corpus para al menos tener referencias objetivas y aplicables a la operativa diaria.
    Se echa en falta la modernidad de un derecho aunque si las normas son el reflejo a modo de espejo retrovisor de la sociedad en la que se aplican, aquí ciertamente estamos a años luz de contar con un Juzgado de lo “Virtual”, por mucho que se empeñen directivas europeas: la falta de rigor de muchas consultoras, la falta de más inspecciones por parte de la AEPD y sobre todo, la actitud ilegal y defraudadora de la mayoria de las empresas de este pais, sin darle la importancia que esta ley tiene en la actividad profesional, demuestra una vez más que la legislación en este pais es algo muy dificil de aplicar y de practicar. Salud

  2. 2 Susana Macías (@Macias_Susana) marzo 12, 2012 en 7:07 pm

    Muchas gracias por abrir fuego con este tema, Javier. Es una cuestión tan interesante como controvertida. Tanto, que salgo de mi caparazón y me estreno como comentarista 😉

    En cuanto al derecho al olvido, entiendo que hay que distinguir dos tipos de publicación: por un lado la “no oficial” (periódicos, revistas y otros medios que difundan información vía web sin dicho carácter oficial), y por otro lado la publicación oficial, que es la que se efectúa a través de boletines y diarios.

    Respecto a la publicación del primer tipo, estoy totalmente de acuerdo con lo que apuntas: las libertades que se ven en juego en estos casos serían principalmente la libertad de información y de expresión.

    Sin embargo, cabe matizar que estas libertades no se predican de la publicación oficial. En este caso entiendo que son otros principios jurídicos lo que se ven implicados: entre otros, la seguridad jurídica y la publicidad de las normas, ambos consagrados en el art. 9.3 de la Constitución. Eso sin olvidar la publicidad de las disposiciones y actos administrativos, que aunque estén reguladas por ley ordinaria (art. 52.1 y 60.1 de la Ley 30/1992), no dejan de formar parte de la normativa básica de procedimiento administrativo tal como lo conocemos hoy día.

    Yo creo que teniendo en cuenta que el punto de partida es diferente en uno y otro caso, igual el “derecho al olvido” no se puede aplicar (ni modular, si cabe) de la misma manera en ambos supuestos.

    Al menos yo veo más factible, de cara a conseguir dicho derecho al olvido, retirar de la circulación una noticia de prensa (por muy veraz que sea la información que contenga), que retirar o borrar parte del contenido de un documento ya publicado en el boletín o diario oficial que corresponda, ya que se podría ver comprometida en alguna medida la seguridad jurídica. Pensemos que los boletines digitales, como norma general, llevan aparejada la característica de su integridad, es decir, que lo que se publica no puede ser alterado (al menos en principio).

    Pero como todo en esta vida, esta cuestión es opinable 😉


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