El puzzle normativo de la videovigilancia.

Es indudable que en los últimos años ha habido un crecimiento muy alto en lo referente a la instalación de videocámaras con fines de seguridad (aunque también cabe la posibilidad de utilizarlas para otras finalidades).

En nuestro ordenamiento jurídico no existe una ley que regule la videovigilancia de manera uniforme, sino que debemos acudir a diversos instrumentos normativos, incluyendo las instrucciones que han aprobado las Agencias de Protección de Datos.

En otras palabras, dependiendo del lugar dónde vayamos a instalar las cámaras debemos acudir a una u otra norma, si bien, nos entraremos situaciones en las cuales se instalan las mismas sin valorar la proporcionalidad (ver algunos ejemplos al final este post), es decir, existe menos control a la hora de determinar dicha proporcionalidad o necesidad de las mismas.

Ilustremos el párrafo anterior con una serie de ejemplos:

– Si queremos ponerlas en la vía pública, deberemos acudir a la Ley Orgánica 4/1997. Por cierto, sólo están habilitados las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

– Toca los bancos, pues habrá que tener en cuenta el artículo 120.1.a) del Real Decreto 2364/1994, por el que se aprueba el Reglamento de Seguridad Privada, según el cual sólo pueden acceder a las imágenes la autoridad judicial y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Parece que en este supuesto no cabría el derecho de acceso, cuestión bastante dudosa porque una norma reglamentaria estaría limitando el ejercicio de un derecho fundamental.

– Si se trata de espectáculos deportivos, nos toca leernos el artículo 8 de la Ley 19/2007 contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte, y el artículo 66 del Reglamento de desarrollo de esta Ley.

– En el supuesto de disciplina de tráfico, la cosa se complica porque tenemos que irnos a una ¡Disposición Adicional Única! (Real Decreto 596/1999, de 16 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo y ejecución de la Ley Orgánica 4/1997, de 4 de agosto, por la que se regula la utilización de videocámaras por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en lugares públicos.

– Suma y sigue: la normativa sobre seguridad privada.

Y digo yo, ¿No podría estar todo junto en una misma norma? ¿No sería más sencillo en vez de volverse loco en buscar dónde está cada cosa?

Añado: ¿Y no sería adecuado crear algún tipo de Comisión que pueda valorar la idoneidad y proporcionalidad de la instalación de cámaras en algunos lugares como piscinas, spas o patios de los colegios?

Porque estos ejemplos, quien escribe, “verlos los ha visto”. Y a él también. Nunca mejor dicho.

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2 Responses to “El puzzle normativo de la videovigilancia.”


  1. 1 tonimartinavila marzo 6, 2012 en 7:50 pm

    Y las instrucciones de la Agencia Española de Protección de datos?

  2. 2 Gontzal Gallo (@gongaru) marzo 6, 2012 en 7:58 pm

    Y la Ley “Omnibus” (aunque sea indirectamente)..aunque supongo creo que Javier, con buen criterio, la engloba dentro de la Legislación de Seguridad Privada…
    Supongo que habrá diferentes legislaciones, porque el bien jurídico protegido es diferente en cada caso,pero bien es cierto que podría estar todo un poco “más junto”.

    Saludos.


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