De las competencias de las Agencias autonómicas de protección de datos. (Primera parte).

Dedicado a María Loza (@Mlozac).

Otto e mezzo (Introducción).

Primer disparo: ¿Tienen todas las Agencias autonómicas de protección de datos la misma competencia? No.

Segundo disparo: ¿Las leyes que regulan las competencias de las Agencias autonómicas han adoptado en el mismo modelo a la hora de atribuir competencias? No.

Tercer disparo: Sobre este tema, ¿Sirve para algo la definición de fichero público que contiene el Reglamento de desarrollo de la LOPD? No.

La carta (las leyes autonómicas).

Si comparamos las leyes autonómicas que regulan las Agencias de Protección de Datos de esta naturaleza, nos encontramos que existen dos modelos. A saber:

 El modelo de atribución formal. El ejemplo, la Ley 8/2001, de 13 de julio, de Protección de Datos en la Comunidad de Madrid. Esta ley, parte de la atribución de competencias a la APDCM en base a la personalidad jurídico pública del organismo en cuestión. En otras palabras, Administración de Comunidad de Madrid, Ayuntamientos, Universidades, Corporaciones de Derecho público (Colegios profesionales y Cámaras) en el ejercicio de potestades públicas y Administración Institucional de la Comunidad de Madrid.

Contiene también una cláusula abierta, de manera que la APDCM tiene competencia sobre “Entidades de derecho público, entes…de la Administración de la Comunidad de Madrid”.

Quedan fuera de la competencia de la APDCM las Sociedades Anónimas de la Administración Institucional de la Comunidad de Madrid así como de los Ayuntamientos, y los encargados de tratamiento.

Respecto a los encargados de tratamiento, precisar que quedan fuera no sólo en aquellos supuestos en que se subcontrate un servicio, sino también la gestión que realicen los concesionarios de los servicios públicos (o cualquier otra forma de contratación de dichos servicios).

En otras palabras, una residencia de ancianos gestiona por una concesión administrativa otorgada por la Comunidad de Madrid, sus ficheros ligados a ese servicio público quedan fuera del ámbito competencial de la APDCM.

Asimismo, mencionar que a estos concesionarios los he calificado como encargados del tratamiento. Podrían ser responsables de ficheros, pero, personalmente creo que encajan más en la figura de encargado. ¿La razón? La encontrarán en la segunda parte de este post que se publicará la semana que viene.

Esta atribución formal, que en teoría podría parecer la más sencilla, en la práctica no se da, por varias razones:

La llamada Administración institucional. En el ámbito estatal, tenemos la conocida con el nombre de “LOFAGE” (Ley 6/1997). En el ámbito autonómico hay que ir a la ley que regule la Administración institucional autonómica y las leyes de presupuestos.

Sin embargo, en el caso de la APDCM nos encontramos con un caso bastante contradictorio: como he dicho anteriormente, no tiene competencia sobre el Metro de Madrid ni tampoco la Empresa Municipal de Transportes del Ayuntamiento de Madrid (EMT), pero si sobre el Consorcio Regional de Transportes ya que es un organismo autónomo de carácter administrativo. En otras palabras, la APDCM tiene competencia sobre el fichero de usuarios del Metro y EMT (el abono transporte) y no lo tiene sobre las cámaras de videovigilancia instaladas. A fin de cuentas, tanto el abono como las susodichas cámaras forman parte del servicio público de transportes.

–  Otro tipo de entes (utilizo esta terminología por ser más sencilla para entenderse) que aparecen en el tráfico jurídico administrativo. Por citar algunos:

  • Federaciones Deportivas: eran calificadas formalmente como Corporaciones de derecho público, pero con la Ley del Deporte de 1990 pasaron a ser entes asociativos privados. Sin embargo, sus funciones siguen siendo las mismas que las Corporaciones de derecho público (Colegios profesionales). La Audiencia Nacional, en sentencia de 1 abril de 2011, ha considerado que cuando ejerzan funciones públicas delegadas se les debe aplicar el llamado régimen de los ficheros públicos.
  • Fundaciones sanitarias: me remito al post escrito en Winchester 73 sobre el caso de la “Fundación Alcorcón”. Esta fundación fue calificada formalmente como “ente de derecho público”. Ahora mismo, sus ficheros son competencia de la APDCM.

No obstante, tenemos a la Fundación Jiménez Díaz (es un Hospital), que no es calificado formalmente como ente de derecho público y por tanto, sus ficheros no son competencia de la APDCM. Pero, esa Fundación forma parte de la Red Sanitaria Pública de la Comunidad de Madrid. Como pueden comprobar, esto empieza convertirse en un verdadero galimatías.

  • Juntas de Compensación, Fundaciones universitarias…etc…y digo “etc” porque hay que analizar cada caso de forma concreta, y lo que hoy son “10 casos” mañana pueden ser “12”, ya que nunca se sabe cuando aparece un ente que puede ser de naturaleza privada pero actúa en el ámbito público.

–      El modelo de atribución material, que es que utiliza la ley de la Autoridad Catalana de Protección de Datos. Dicho modelo se fundamenta también en lo recogido en su Estatuto de Autonomía. Pero este caso….

Así que espero que hayan mordido el “anzuelo” y se queden expectantes hasta la semana que viene con la segunda parte de este post.

Atentos a su pantalla.

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1 Response to “De las competencias de las Agencias autonómicas de protección de datos. (Primera parte).”


  1. 1 Gontzal Gallo (@gongaru) febrero 15, 2012 en 7:22 pm

    Javier….y nos dejas así!!! Que mal quieres a tus lectores!! 😉 Yo poco puedo aportar en este punto sólo “escuchar al experto”.


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