Sentencia del Tribunal Supremo -19/10/11- sobre los ficheros de la Fundación Hospital Alcorcón: son públicos.

Sentencia del Tribunal Supremo -19/10/11- sobre los ficheros de la Fundación Hospital Alcorcón: son públicos.

El asunto.

La Fundación Hospital Alcorcón solicita la cancelación de sus ficheros inscritos en la AEPD al entender que son competencia de la APDCM. La AEPD deniega la cancelación y la Fundación Hospital Alcorcón impugna ante la jurisdicción contenciosa-administrativa la resolución por la cual se deniega dicha cancelación.

La Sección 1ª de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional dicta sentencia el 23 de julio de 2008 estimando el recurso contencioso-administrativo, al considerar que los ficheros de esta Fundación son competencia de la APDCM, ya que son “ficheros públicos”.

La controversia jurídica.

El artículo 2 de la Ley 8/2001, de 13 de julio, de Protección de Datos de Carácter Personal en la Comunidad de Madrid, define el ámbito competencial de la APDCM desde un punto de vista formal, atendiendo a la personalidad jurídica del ente en cuestión sometido a su control.

En relación al sector público de la Administración de la Comunidad de Madrid, la ley 8/2001 establece que la APDCM controla los ficheros creados por “Entidades de derecho público y demás Entes públicos integrantes de su Administración pública”.

Sólo excluye del ámbito de control de la APDCM a las empresas públicas que se hayan constituido en forma de sociedad mercantil. Por el contrario, sí están bajo el ámbito de control de la APDCM las empresas públicas cuando sean entes de derecho público que actúen conforme al ordenamiento jurídico privado.

En cambio, en el caso de la Ley 32/2010, de 1 de octubre, de la Autoridad Catalana de Protección de Datos, en su artículo 3 relativo al ámbito de actuación, introduce en algunos de sus apartados como es la letra f, el punto de vista material, lo que supone tener competencias sobre los concesionarios de los servicios públicos de esa Comunidad.

El Real Decreto Ley 10/1996, de 17 de junio, sobre habilitación de nuevas formas de gestión del INSALUD, reguló la posibilidad de que el citado INSALUD crease Fundaciones sanitarias para la gestión de este servicio. Sobre esta cuestión, también se aprobó posteriormente la Ley 15/1997, de 25 de abril, y el Real Decreto 29/2000, de 14 de enero, desarrollando reglamentariamente esa Ley.

Mención aparte merece el artículo 111 de la Ley 50/1998, de 20 de abril de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social, que calificó formalmente a esta Fundaciones como “Organismos públicos, adscritos al Instituto Nacional de Salud”.

A finales del año 2001, la Fundación Hospital Alcorcón fue traspasada a la Comunidad de Madrid.

Asimismo, el Decreto de 29 de enero de 2004 –ya derogado- por el que se establecía la estructura de la Consejería de Sanidad y Consumo, incluía a la Fundación Hospital Alcorcón como “ente público” dentro de la Administración Institucional de esa Consejería.

En la actualidad, el Decreto 23/2008, de 3 de abril, del Consejo de Gobierno, por el que se establece la estructura orgánica del Servicio Madrileño de Salud, en su Disposición Adicional Segunda establece una serie de “entes y empresas públicas” que dependen de ese Servicio, entre ellos la Fundación Hospital Alcorcón.

 La sentencia del Tribunal Supremo.

Confirma la sentencia anterior de la Audiencia Nacional. Para justificar el carácter público de los ficheros de la Fundación Hospital Alcorcón no sólo se basa en cuestiones formales, sino también en materiales: cita la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, cuyo artículo 2.1.f) incluía a esta Fundación dentro del sector público estatal, lo que suponía un sometimiento a una auditoría anual por la Intervención General del Estado y la fiscalización de su actividad por el Tribunal de Cuentas; también se menciona el artículo 3.4 de la Ley 8/2010, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para el año 2011, en virtud del cual, el presupuesto de esta Fundación, al que se le califica como “ente público”, forma parte del presupuesto de esa Comunidad Autónoma.

Valor añadido.

La sentencia del Tribunal Supremo interpreta la definición de fichero de titularidad pública que contiene el artículo 5.1.m del Reglamento de la LOPD, de manera que dicha definición debe ser interpretada de forma que no contradiga lo dispuesto en normas con rango de ley.

Personalmente, esta definición no me gusta nada, ya que no contiene todo los supuestos, y podría entenderse que a través de la misma se podría modificar las competencias de las Autoridades de Control Autonómicas, cuestión que vulneraría las competencias que tienen atribuidas en virtud de su correspondiente ley.

La sentencia del Tribunal Supremo: puedes consultarla en la página web del  CENDOJ : Buscador del Sistema de Jurisprudencia. Número de recurso 5072/2008. Sección 6. Sala de lo Contencioso. Tribunal Supremo. 19-10-2011.

Otro punto de vista diferente: Mónica Arenas en datospersonales.org

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