Breves comentarios a la Ley de Transparencia.

Como muchos sabrán, se ha publicado el Anteproyecto de Ley de Transparencia, Acceso a la Información y Buen Gobierno en la web que se ha habilitado para efectuar consulta pública del citado texto (aunque minutos antes de esta publicación el texto fue filtrado por un medio de comunicación social).

Ámbito de aplicación. (artículo 2)

Ya se ha comentado en alguna noticia que queda fuera del ámbito de esta Ley la Casa del Rey. Por mi parte, encuentro una pequeña contradicción y es su aplicación al conglomerado de entidades públicas empresariales y sociedades mercantiles. ¿La razón? Que a día de hoy no sabemos ni las que hay (piénsese que las mismas, con diferente denominación existen a nivel estatal, autonómico y municipal).

Por lo tanto, y si se quiere que esta Ley de Transparencia tenga efectividad sobre los citados entes, se debería publicar una relación de las mismas con mención a la Administración a la cual pertenecen o están participadas.

Publicidad activa. (artículos 3 a 7)

Lo primero que me llama poderosamente la atención es que se vaya a publicar por las Administraciones públicas en “sede electrónicas o páginas webs”. Pero, si la Ley 11/2007 establece una serie de requisitos para que las páginas webs de las Administraciones públicas tengan “validez”, entre ellos la creación de sede electrónica, que supone ”El establecimiento de una sede electrónica conlleva la responsabilidad del titular respecto de la integridad, veracidad y actualización de la información y los servicios a los que pueda accederse a través de la misma.”

 En otras palabras, que sin sede, la web podrá “decir” lo que le de la gana que poca validez tiene. Pues parece que esa mención a las páginas web da a entender que la Ley de Transparencia se “salta a la torera” la Ley 11/2007 (salvo que yo, obviamente, esté equivocado).

 En cuanto a lo que se debe publicar según los artículos 3 a 7, la mayoría de cuestiones ya se estaban publicando en algunas Administraciones públicas. Destacar, eso sí:

 -       La publicación de informes jurídicos, que muchas Administraciones han sido reticentes a ello.

-       La (esperada) publicación de los contratos menores.

-       Las indemnizaciones en caso de abandono del cargo.

 El resto, más o menos, eran objeto de publicación (por ejemplo, subvenciones, el resto de contratos, convenios suscritos).

 Dos apuntes para terminar con esta parte:

 -       La identificación de los responsables de las principales unidades, habrá que dilucidar si se quedará en nombre y apellidos o si se incluirá el correo electrónico (en este caso, supongo que será uno institucional referido a la correspondiente unidad).

-       La centralización de toda la información objeto de publicación y referida en los artículo 4 a 6 al crear un Portal de Transparencia para este fin.

 Derechos de acceso a la información pública (artículos 8 a 21).

 A la hora de limitar el derecho de acceso, del texto se desprende que hay dos “bloques”:

 -     El que estaría formado por el artículo 10, y que supone que se puede restringir la divulgación de la información (por ejemplo, por la protección del medio ambiente o el secreto profesional y la propiedad intelectual e industrial). Algunos de estos supuestos ya estaban contemplados en el artículo 37.5 de la Ley 30/1992.

-       El artículo 11 relativo a la protección de datos, cuya redacción, dicho sea de paso es bastante deficiente, y que a su vez, diferencia si los datos son especialmente protegidos o no. En otras palabras, que la protección de datos puede “limitarse” a favor de la transparencia administrativa.

 Lo curioso de estos dos bloques, es que el derecho de acceso se pueda restringir a favor de supuestos que no son derechos fundamentales (salvo el apartado del artículo 10 referido a la tutela judicial efectiva) y que en cambio, no se restringa –en ocasiones- cuando choque con el derecho fundamental a la protección de datos.

 Por otra parte, en el artículo 17 relativo a la “Resolución” encontramos una cuestión que va en contra del espíritu de esta Ley: el silencio administrativo es negativo. Esto debe de cambiarse, sí o sí.

 Por último, se desvela el “misterio” de si las Agencias de Protección de Datos iban a ser competentes en esta materia: la respuesta es un “no” a medias.

 Me explico: se crea la Agencia Estatal de Transparencia, Evaluación de las Políticas Públicas y de la Calidad de los Servicios (vaya nombrecito, por cierto), pero la Disposición Adicional Tercera de la Ley habilita la posibilidad que respecto a su respectiva Administración sean competentes las Agencias Autonómicas de Protección de Datos.

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